Tomando prestadas las palabras de Gerardo Carballo Martínez, Asesor del Defensor del Pueblo y Doctor en Derecho,  “Se trata, a través de la mediación, de crear una relación diferente entre la Administración y la sociedad, un modo de abordar los conflictos que surjan en el diseño y aplicación de las políticas públicas a través del diálogo y la búsqueda de soluciones satisfactorias para las partes implicadas”.

 El mediador aquí colaboraría en la consecución de acuerdos entre los órganos de la Administración y los ciudadanos que precisan que sus quejas o pretensiones sean escuchadas, por ejemplo, sobre los ruidos que se producen en un casco antiguo de una ciudad consecuencia de un “botellón”, o tienen intereses contrapuestos a la concesión de una explotación minera en la zona donde viven, o pueden encontrarse en un proceso de expropiación, o una denegación de licencia, quizás reclamen responsabilidad patrimonial por unos daños causados por la Administración…permitiendo como bien dice el precitado autor, promoviendo “la confianza de los ciudadanos, escuchando y reconociendo sus diferencias, sin olvidar los intereses públicos”.

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